Arizona Tribune - Negociaciones "históricas" en la ONU para un acuerdo fiscal que haga pagar a los ricos

"No se trata sólo de un ejercicio técnico, sino de un imperativo moral", declaró el recién nombrado presidente del comité negociador, el egipcio Ramy Youssef.

Los "miles de millones de dólares que se pierden cada año por el traslado de beneficios, la competencia fiscal perniciosa y los flujos financieros ilegales" privan "en particular a los países más vulnerables de recursos críticos", insistió.

Para Shari Spiegel, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, "las normas fiscales internacionales deben evolucionar con un mundo cambiante", para ser útiles "a todos los Estados y todos los pueblos", y saludó este "momento histórico".

Bajo la presión de los países africanos, que quieren un lugar en la mesa de negociación de las normas fiscales internacionales -al mismo tiempo que exigen una reforma de la arquitectura financiera internacional-, la Asamblea General de la ONU adoptó la idea de una "convención marco" de este tipo en 2023 para que la cooperación fiscal sea "plenamente inclusiva y más eficaz".

El mandato de negociación se adoptó finalmente a finales del año pasado. Entre los principios de referencia figuran "garantizar un reparto justo de los derechos de imposición, en particular mediante una imposición equitativa de las empresas multinacionales" y "luchar contra la evasión y el fraude fiscales de los particulares ricos".

Hoy en día, estas cuestiones fiscales internacionales están principalmente en manos de la OCDE, "un club de ricos" que impone sus reglas a los países en desarrollo, más afectados por las pérdidas fiscales "en proporción a sus ingresos", criticó a la AFP Ryad Selmani, de la ONG francesa CCFD-Terre solidaire, para quien es "intolerable" que estos países no tengan "nada que decir" al respecto.

Tove Maria Ryding, de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), asegura que "las grandes multinacionales y las personas más ricas del mundo siguen utilizando los paraísos fiscales y evadiendo impuestos", privando a los gobiernos de recursos vitales para financiar el desarrollo o combatir el calentamiento global.

En un paso histórico, el G20 acordó en noviembre pasado cooperar para que los superricos paguen "efectivamente" impuestos.

Un impuesto del 2% al patrimonio de los superricos podría generar recursos del orden de 250.000 millones de dólares por año para ser invertidos en el enfrentamiento de los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo, afirmó el economista Gabriel Zucman, promotor de la iniciativa.

- Paraísos fiscales -

Según la ONG Tax Justice Network, los gobiernos pierden cada año 492.000 millones de dólares en impuestos debido al uso de paraísos fiscales. Casi la mitad (43%) de estas pérdidas son posibles gracias a las políticas fiscales de ocho países (Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos) que votaron en contra del mandato de la futura Convención, según la ONG.

En este contexto, la sesión inaugural de esta semana será crucial para determinar si el comité negociador decidirá por mayoría o por consenso.

El lunes, la Unión Europea abogó por el consenso, señalando que, de no ser así, los 27 Estados miembros podrían no participar en la futura Convención.

Pero las ONG rechazan la idea de una decisión consensuada, que daría a cada país el poder de veto.

"Sería una herejía dar a los Estados Unidos de Donald Trump el poder (...) de bloquear todo el proceso", comentó Ryad Salmani, dado que nada más volver a la Casa Blanca, el presidente estadounidense retiró a Estados Unidos del acuerdo de la OCDE sobre un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales.

El mandato podría incluso permitir debatir nuevos recursos fiscales. "Algunos países, como Francia, están presionando para que se establezcan impuestos globales sobre el transporte marítimo y aéreo" para financiar la acción por el clima, explicó a la AFP Sergio Chaparro-Hernández, de la Red por la Justicia Fiscal.

"La Convención de la ONU podría ser un vehículo para aplicar algunas de estas soluciones", añadió. "Pero habrá que discutirlo con todos los países".

P.A.Mendoza--AT