Arizona Tribune - Gobierno de Perú prepara reforma laboral y tributaria para 2027

El Gobierno de Perú ha confirmado que presentará al Congreso de la República un paquete integral de reformas laborales y tributarias durante el verano de 2027. La propuesta, detallada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, tiene como objetivo principal reducir los niveles de informalidad en las microempresas mediante la disminución de los costos asociados al acceso al empleo formal.

En el ámbito laboral, la iniciativa plantea una recalibración de los aportes a Essalud y al sistema de pensiones para los trabajadores con menores ingresos. Cuba explicó que la estructura actual resulta onerosa para quienes perciben salarios bajos, argumentando que un porcentaje fijo sobre un sueldo reducido impacta desproporcionadamente en el ingreso disponible. Como ejemplo, señaló que para un trabajador que gana S/ 1.200, el pago del 10% correspondiente a pensiones y la afiliación a Essalud representan una carga significativa en comparación con quien gana S/ 10.000.

Bajo esta lógica, la propuesta sugiere que en los tramos salariales más bajos se mantenga la cobertura de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS) en lugar de Essalud, y que el aporte para la pensión se reduzca al 5%. Además, el ministro adelantó que se trabajará en una normativa para flexibilizar las reglas de despido, específicamente dirigida a los segmentos del mercado laboral con mayores remuneraciones.

La announcement ha generado un análisis detallado por parte de especialistas y economistas, quienes han identificado tanto los beneficios potenciales como los riesgos financieros asociados. Paola Herrera, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la dificultad para incorporarse a la formalidad radica en que las contribuciones actuales reducen la remuneración disponible y pueden implicar la pérdida de beneficios de programas sociales. Herrera consideró pertinente evaluar aportes diferenciados según el nivel de ingresos del trabajador, en lugar de basarlos únicamente en el tamaño de la empresa, ya que otorgar beneficios exclusivos a las microempresas podría incentivar que los negocios permanezcan pequeños para evitar mayores obligaciones.

Carlos Gallardo, gerente general del IPE, añadió que las microempresas suelen tener una productividad limitada que les dificulta asumir las contribuciones del empleo formal. Si bien la reducción de estos costos aliviaría la carga y reduciría los incentivos para operar en la informalidad, Gallardo reconoció que esto conlleva una contrapartida: menores aportes actuales podrían traducirse en pensiones futuras más bajas.

Jorge Toyama, socio del estudio jurídico Vinatea & Toyama, advirtió que una reducción de los aportes sin estudios previos de sostenibilidad financiera podría agravar las dificultades del sistema previsional. Este riesgo es particularmente sensible para la Oficina de Normalización Previsional (ONP). César Puntriano, socio del estudio Muñiz, recordó que los aportes equivalentes al 13% de la remuneración no son suficientes para financiar las pensiones de los jubilados, por lo que el Estado debe complementar con recursos adicionales. Una reducción en estos aportes exigiría evaluar cómo se cubriría esa diferencia presupuestaria.

En cuanto a Essalud, la situación plantea otro desafío estructural. Actualmente, los empleadores aportan el 9% de la remuneración para financiar la cobertura de salud. Reducir esta contribución podría abaratar la contratación formal, pero también disminuiría los ingresos de una institución que ya enfrenta problemas de atención. Puntriano consideró que la medida podría ser favorable para las empresas siempre que se acompañe de mecanismos de financiamiento alternativos, como asignaciones presupuestales del Gobierno o el pago de las deudas que diversas entidades públicas mantienen con Essalud. Toyama coincidió en que reducir los aportes sin compensar los recursos podría deteriorar la atención de los asegurados.

Gallardo planteó revisar la vinculación entre las contribuciones de la planilla y el financiamiento de la salud, considerando la existencia de otros mecanismos de cobertura como el SIS. Por otro lado, sobre la flexibilización del despido, aunque Cuba reconoció que la propuesta podría encontrar resistencia en el Congreso, los especialistas ven espacio para discutir modificaciones. Toyama señaló que la jurisprudencia actual ha ampliado los casos de reincorporación, generando rigidez en el mercado laboral y afectando la competitividad. Puntriano identificó problemas de predictibilidad para los empleadores y propuso precisar legalmente los supuestos que generan reposición y evaluar indemnizaciones diferenciadas o escalonadas.

En el frente tributario, Elmer Cuba indicó que se buscará ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación sin modificar las tasas del Impuesto General a las Ventas (IGV) ni del Impuesto a la Renta. La meta es recaudar un punto porcentual adicional del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2027, elevando la presión tributaria en 2 a 3 puntos en todo el Gobierno en los próximos tres años.

Herrera consideró que existe margen para mejorar la recaudación sin incrementar las tasas. Según estimaciones anteriores del MEF citadas por la economista, el incumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta habría representado, en promedio, alrededor del 9% del PBI durante la última década. Sin embargo, el desafío no se limita a combatir la evasión. Herrera y Gallardo coincidieron en que es necesario revisar los regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas para evitar incentivos perversos que desalienten el crecimiento empresarial o lleven a la fragmentación de operaciones.

A.Clark--AT