Arizona Tribune - La Corte Suprema de EEUU examina si es lícito pedir asilo en la frontera

Lo que está en juego es una política iniciada en 2016 al final de la presidencia demócrata de Barack Obama, que fue reforzada y ampliada durante el primer mandato de Donald Trump.

Esta política, que el demócrata Joe Biden rescindió en 2021, consistía en desplegar agentes de la Patrulla Fronteriza en territorio mexicano para impedir físicamente que los inmigrantes cruzaran la frontera y presentaran su solicitud de asilo.

La ley establece que un inmigrante puede presentar su pedido "cuando llega a Estados Unidos".

Un tribunal federal de apelaciones, al que recurrieron la organización de defensa de los inmigrantes Al Otro Lado y varios aspirantes a asilo, abrió el debate en octubre de 2024.

Según concluyó el solicitante se considera que llegó a Estados Unidos" desde el momento en que se presenta ante un responsable estadounidense en la frontera, aunque ese encuentro tuviera lugar en México.

El gobierno de Trump, que ha anunciado su voluntad de recortar el número de refugiados acogidos cada año, pidió a la Corte Suprema anular esta decisión.

"Gobiernos de ambos partidos (republicano y demócrata) han dicho de forma constante desde 2016 que se trata de una herramienta importante para la capacidad del gobierno de gestionar los flujos en la frontera cuando se producen", argumentó el representante del gobierno, Vivek Suri.

"No puedo predecir cuándo se producirá el próximo flujo en la frontera, pero en ese momento el Departamento de Seguridad Nacional querrá tener esto en su caja de herramientas", añadió.

La abogada de Al Otro Lado, Kelsi Corkran, denunció que desde 2016 autoridades comenzaron a bloquear a los solicitantes de asilo antes de que crucen la frontera.

Una buena parte de los debates se centró en la cuestión semántica de determinar según qué criterio, o a qué distancia de la frontera, debía considerarse que un inmigrante había "llegado a Estados Unidos".

El juez conservador Brett Kavanaugh señaló el carácter "artificial" de este debate. Sea cual sea el límite que defina el alto tribunal, el gobierno intentará "impedir físicamente que la gente llegue hasta allí" para presentar su solicitud, estimó.

La Corte Suprema debatirá también en abril otros dos casos relativos a la política migratoria del gobierno de Trump.

Los nueve magistrados examinarán la constitucionalidad de un decreto presidencial de Trump que suprime el derecho de suelo (o nacionalidad por nacimiento) para los hijos de inmigrantes en situación irregular.

De igual manera, la decisión del gobierno de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los inmigrantes haitianos y sirios, que los protege de la expulsión.

Trump se jacta a menudo de haber reducido a "cero" el número de entradas clandestinas en Estados Unidos.

El republicano prometió que en su segundo mandato haría de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad absoluta, ya que considera una "invasión" los millones de indocumentados que entraron en el país durante el mandato de Biden.

P.Smith--AT