Arizona Tribune - Independentistas quieren que saber catalán condicione el permiso para residir en la región española

"¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que se va a pedir", aseguró este miércoles en Televisión Española Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, sobre si solicitarán que saber catalán sea necesario para que un extranjero obtenga un permiso de residencia en esta próspera región del noreste español, escenario de un fallido intento de secesión en 2017.

"Estamos en Cataluña, y en Cataluña existe una lengua oficial que es el catalán. Igual que si te vas a vivir a Francia, el requisito es aprender el francés", agregó Nogueras, integrante de la formación que lidera Carles Puigdemont.

Junts, sin embargo, no forma parte del gobierno regional que ahora preside el socialista Salvador Illa, que sería la administración encargada de implementar la ley en la región en caso de que superara el incierto paso que aún debe transitar en el Congreso español.

El texto prevé, entre otros, que la policía regional catalana gestione la seguridad de los puertos, aeropuertos y otras zonas críticas en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Cataluña también tendrá delegada la ejecución de la normativa estatal para otorgar en su territorio permisos de estancia de larga duración y residencia temporal, el manejo de las expulsiones de extranjeros irregulares y la gestión de los centros de detención de inmigrantes.

Sánchez, al frente de un gobierno minoritario en el Parlamento, necesita los votos de varios pequeños partidos, en particular los de los siete diputados de Junts, para lograr aprobar sus leyes, lo que le obliga a negociaciones continuas.

El anuncio del acuerdo fue celebrado por Junts, pero despertó fuertes críticas de la oposición como el conservador Partido Popular, que le acusó de seguir "desmantelando el Estado en Cataluña".

El partido de extrema izquierda Podemos, advirtió que sus cuatro diputados, claves para la aprobación de la ley, no votarán este texto que consideran "un acuerdo que normaliza y legitima el racismo institucional", según indicó este miércoles su secretario de organización, Pablo Fernández, en Radio Nacional.

O.Ortiz--AT