Arizona Tribune - La presidenta electa de México promete a empresarios combatir la extorsión

Según la patronal Coparmex, en el país se denuncia una extorsión cada hora, lo que sin embargo representa una pequeña parte de todos los casos.

La futura mandataria, elegida el pasado 2 de junio en nombre del oficialismo de izquierda, explicó que su estrategia consistirá en "dar las condiciones de seguridad para la denuncia", de manera que se proteja a la víctima, y que el delito "sea perseguido de oficio".

"La extorsión tiene que ser (tipificada como) delito grave", añadió Sheinbaum ante preguntas de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el órgano más grande de representación de la iniciativa privada en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso que la extorsión sea catalogada como delito grave y no solo patrimonial, como parte de una serie de reformas constitucionales que incluyen la elección de jueces y magistrados por voto popular.

En 2023, al menos 10.946 personas fueron víctimas de extorsión, mientras que entre enero y mayo pasado se contabilizaron 4.643 casos, de acuerdo con cifras oficiales.

Expertos en seguridad señalan que ese delito es cometido principalmente por narcotraficantes que diversificaron sus fuentes de ingreso tras una ofensiva militar antidrogas lanzada en 2006.

Los delincuentes acosan a grandes empresarios, pero también a pequeños comerciantes, lo que incide en el costo de varios productos alimenticios.

Durante la cita de este miércoles, Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, manifestó a Sheinbaum su temor frente a la reforma de la justicia planteada al Legislativo y que ella respalda.

La elección popular de unos 1.600 jueces y magistrados "podría poner en riesgo la capacidad técnica, la imparcialidad e independencia" del Poder Judicial, expuso Vega, añadiendo que a los empresarios les preocupa "su impacto en la certidumbre y promoción de las actividades económicas".

El oficialismo se encamina a tener las mayorías legislativas necesarias para aprobar las reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición en el Congreso.

R.Lee--AT