Arizona Tribune - La fiscal de Guatemala sancionada por EEUU encabeza las calificaciones para optar a la reelección

La fiscal Consuelo Porras, a quien Arévalo considera "peligrosa" para el país, obtuvo 92,33 de 100 puntos en una tabla de gradación criticada por expertos internacionales y organizaciones locales porque no toma en cuenta valores éticos, sólo la experiencia y títulos académicos.

La funcionaria aspira a un tercer mandato de cuatro años, pese a que Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y la Unión Europa, con una decena de países aliados, le cancelaron la visa por socavar la democracia.

El puntaje de Porras, de 72 años y cuyo mandato concluye el 16 de mayo, fue anunciado por una comisión, integrada por académicos y dirigentes de otros gremios, que entregará el viernes la nómina de seis aspirantes entre los que Arévalo elegirá al fiscal.

"Esa nómina debe estar integrada exclusivamente por personas que ofrezcan las mayores garantías de capacidad, independencia, integridad y reconocida honorabilidad", aseguró en un comunicado un misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, organizaciones humanitarias recomendaron a la comisión excluir a personas con "señalamientos de corrupción o sancionadas internacionalmente".

La elección de un fiscal "independiente es determinante para el fortalecimiento de la justicia, los derechos humanos y la democracia en Guatemala", afirmaron en un comunicado las entidades, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Plataforma Internacional contra la Impunidad e Impunity Watch.

Porras abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y trató de impedir hace dos años que Arévalo asumiera el poder.

"No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no sólo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación", dijo el lunes el mandatario socialdemócrata.

Continuar en el cargo garantizaría a Porras inmunidad frente a acusaciones de corrupción y denuncias de expertos de la ONU que la vinculan con adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980, lo que ella rechaza.

W.Nelson--AT