Arizona Tribune - Amenazas contra Petro y una senadora en un repunte de la violencia preelectoral en Colombia

La senadora Aida Quilcué, una importante dirigente indígena e integrante del partido de Petro, fue raptada junto a sus dos escoltas en su departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por disidentes de la extinta guerrilla FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Unas tres horas y media después de su desaparición, el gobierno informó que estaba libre y a salvo gracias a una acción de rescate de un grupo de indígenas que en ocasiones se enfrenta a los rebeldes.

Quilcué fue trasladada a Popayán, capital de Cauca, en un tanque blindado del ejército.

A su llegada, la senadora de 53 años contó a la AFP que "varios hombres armados" interceptaron la camioneta en la que se trasladaba, sin especificar a qué grupo pertenecían.

"Nos bajaron del vehículo y luego nos llevaron a pie a un sitio desconocido", dijo.

Al notar la presencia de los indígenas que la buscaban, los secuestradores huyeron, añadió. "Nos dejaron solos y salieron corriendo, de tal manera que nosotros salimos".

Las amenazas contra dirigentes, candidatos y líderes sociales se acumulan previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

- "Un grito de guerra" -

El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por grupos ilegales.

La legisladora del movimiento Pacto Histórico de Petro ya había denunciado un atentado en su contra cuando postulaba al Senado en 2022.

Quilcué, ataviada habitualmente con pañuelos y diademas rojas y verdes, colores distintivos del pueblo nasa, es una importante líder indígena y ganadora del premio nacional de defensa de los derechos humanos en Colombia.

"Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", había dicho el presidente Gustavo Petro al informar su secuestro.

En medio de una nueva política de Petro de guerra frontal contra los grupos armados, el mayor cartel del país, conocido como el Clan del Golfo, suspendió en los últimos días los diálogos de paz que sostenía con el gobierno.

El acuerdo del Estado colombiano con las FARC en 2016 alivió por unos años la violencia política, pero las próximas elecciones pueden ser unas de las más violentas desde entonces.

- Petro amenazado -

"Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar", "escapándome de que me maten", dijo el mandatario en un consejo de ministros televisado.

El izquierdista sostiene desde hace meses que hay un plan del narco para asesinarlo.

Cientos de municipios en Colombia están bajo riesgo de actos de violencia electoral y de presiones de grupos armados que buscan influir en las elecciones de 2026, de acuerdo con la MOE, una plataforma de organizaciones civiles de observación electoral.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó un atentado contra la caravana de vehículos de un senador la semana pasada en Arauca, región fronteriza con Venezuela, en el que murieron dos guardaespaldas. El legislador Jairo Castellanos no viajaba en el convoy.

El magnicidio del candidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros ocurrido dos meses antes, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Durante el gobierno de Petro ha habido al menos cuatro agresiones contra senadores, incluido el de Miguel Uribe.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, denunció en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra en Bogotá.

Colombia es uno de los países más mortíferos contra defensores de derechos humanos y ambientales. También tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por parte de alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.

T.Perez--AT