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El presidente de Costa Rica tilda de "linchamiento" el proceso de retiro de su inmunidad
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró este viernes ser víctima de un "linchamiento político descarado", durante su comparecencia ante una comisión legislativa que analiza quitarle la inmunidad por influir presuntamente en las elecciones de febrero de 2026.
En medio de un inusual choque de poderes del Estado en una de las democracias más reconocidas de América Latina, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió al Congreso retirar la inmunidad a Chaves para que sea investigado por "beligerancia política".
"Esto es un circo, una ópera bufa" y un "linchamiento político descarado", dijo el presidente ante la comisión, que deberá decidir si recomienda o no al plenario del Congreso debatir el levantamiento del fuero.
Esta es la segunda vez que Chaves, de 64 años, enfrenta un proceso similar. En septiembre, el Congreso rechazó quitarle la inmunidad para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país enfrentaba un pedido de desafuero.
"Este es un día vergonzoso para la patria", agregó Chaves, quien tras comparecer ante la comisión, compuesta por dos opositoras y un oficialista, salió de la sede legislativa sin permitir preguntas de los diputados.
"Es lamentable" que el presidente "decidiera huir" por "el miedo a tener que responder por sus actos", afirmó la diputada Rocío Alfaro, miembro de la comisión.
El mandatario encabezó afuera una concentración de simpatizantes a los que convocó para acompañarlo. El proceso es "injusto" porque el Tribunal "está completamente parcializado", declaró a la AFP Abril Portugués, un granjero de 61 años presente en la convocatoria.
Si Chaves fuera despojado de su inmunidad, deberá enfrentar un proceso que podría culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para cargos públicos por entre dos y cuatro años.
El TSE prohibió en junio a Chaves -que no puede aspirar a la reelección- intervenir en la campaña electoral porque "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".
El gobernante, en el poder desde 2022, acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.
N.Walker--AT