Arizona Tribune - La justicia argentina ordena la captura de los líderes birmanos por crímenes contra los rohinyás

La resolución, a la que AFP tuvo acceso el viernes, fue dispuesta por la jueza María Servini en el marco de una investigación abierta en 2021 a raíz de una denuncia en Buenos Aires de parte de una agrupación rohinyá por presuntos crímenes de militares birmanos.

La investigación se basa en el principio de "jurisdicción universal", consagrado en la Constitución argentina, que permite procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.

En el texto, la jueza estima que los hechos denunciados constituyen "crímenes que vulneran los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos de derecho penal internacional, suscriptos por la mayoría de los países a nivel mundial".

Los rohinyá, de mayoría musulmana, proceden de Birmania, un país mayoritariamente budista, donde están sujetos a un régimen similar al apartheid, según la ONG Amnistía Internacional.

Desde 2017, muchos huyeron de la persecución y la violencia a Malasia, más rico y de mayoría musulmana, o a campos de refugiados en Bangladés, donde viven alrededor de un millón de ellos.

La jueza Servini solicitó que los funcionarios y exfuncionarios birmanos sean citados a declarar en el marco de la investigación y que, dada la "escala penal" de los presuntos crímenes, "habrá de ordenarse su captura internacional".

Esta decisión "es un paso histórico hacia la justicia para los rohinyás y todos los que sufren en Birmania bajo el poder del ejército birmano", escribió en un comunicado este viernes Maung Tun Khin, presidente de la organización birmana rohinyá de Reino Unido BROUK y quien encabeza la querella.

"Esto trae un rayo de esperanza a los rohinyás que han sufrido durante décadas de genocidio, viendo cómo sus familias y su cultura son destruidas con impunidad", añadió.

La orden alcanza al comandante en jefe del Ejército, Min Aung Hlaing; a su adjunto, Soe Win; así como a Htin Kyaw, quien fue presidente de 2016 a 2018, y Aung San Suu Kyi, en su calidad de "consejera de Estado" entre 2016 y 2021. En total se trata de 25 individuos, 22 de ellos militares.

- "No podemos hacer nada" -

El abogado de la querella, Tomás Ojea Quintana, quien fue además relator de la ONU para los derechos humanos de Birmania, dijo a la AFP que "las expectativas no son muy altas respecto a (la captura de) Min Aung Hlaing".

Sin embargo, "la lista tiene otras personas que son soldados o oficiales rasos (...) La idea es generar una red de información para que si alguno viaja a un tercer país, que existan los mecanismos para que haya presión para que se cumpla el arresto internacional".

"Esta es la hora de la verdad respecto a cuál es el verdadero compromiso multilateral para que se haga justicia", dijo, al adelantar que "no hay un plazo legal" para que se emitan las órdenes de arresto, pero que espera que esto ocurra a fines de febrero.

En 2021 la junta militar birmana derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, que había sido elegido democráticamente. Desde entonces, está bajo arresto.

La exlíder democrática de 79 años ejercía el gobierno civil en 2017, cuando se cometieron los crímenes contra los rohinyá.

La jueza Servini estimó que "ella tenía algún nivel de responsabilidad, por eso también la incluyó en la orden de arresto internacional", dijo el abogado Ojea Quintana.

"La posición de los rohinyá y nuestra posición era que ella no debía ser incluida en la orden en este momento de la investigación (...) Ahora ya está ordenado por la jueza; nosotros no podemos hacer nada", indicó.

Los crímenes investigados han sido objeto de demandas penales también en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia.

La justicia argentina aplicó recientemente el principio de jurisdicción universal cuando emitió en septiembre una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo al mando, Diosdado Cabello, por crímenes de lesa humanidad.

Lo invocó también en diciembre del año pasado al ordenar la captura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, por la represión contra disidentes.

Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.

A.Anderson--AT