Arizona Tribune - Una jueza española levanta las medidas que impedían sanciones por la Superliga

La juez Sofía Gil, titular del tribunal de lo mercantil madrileño que instruye el caso Superliga, admitió el recurso de la UEFA contra las medidas cautelares dictadas hace un año por el caso Superliga y las levantó.

La magistrada consideró que su juzgado no tiene "competencia y jurisdicción" para valorar o evitar unas posibles sanciones contra los clubes afectados.

Estas eventuales sanciones y recursos deberían, según la magistrada, seguirse por los cauces existentes para ello en el seno de los organismos rectores del fútbol.

"Corresponde a sus organismos disciplinarios (de la UEFA, ndlr) y a los árbitros independientes del TAS decidir sobre las posibles sanciones respecto de los clubes", afirma el auto, añadiendo que "frente a ellos deberán oponerse los clubes afectados y en su caso, solicitar las pertinentes medidas de protección".

La magistrada también considera que "no consta mínimamente acreditado que la amenaza e imposición de sanciones a los tres clubes subsistentes conlleve la necesaria imposibilidad de ejecutar el proyecto, cuya financiación es independiente".

"No es posible valorar si la financiación se ve afectada o no por el riesgo o imposición de sanciones porque las demandantes respecto a este extremo guardan silencio", añadió la magistrada, respecto a las alegaciones de los promotores del proyecto de que las sanciones "comprometerían gravemente la financiación de la Superliga".

- 'Razonable y justificado' -

La jueza considera "razonable y justificado, en este momento procesal" el "sistema de autorización previa de competiciones alternativas por la UEFA y la FIFA", debido al desigual potencial económico de los clubes.

"Debe garantizarse el mérito deportivo e igualdad de oportunidades, lo que podría quedar desvirtuado por las evidentes desigualdades económicas entre los participantes", afirma el auto.

"Los ingentes intereses económicos que los partidos de fútbol proporcionan a los clubes, jugadores y directivos suponen un riesgo evidente contra el mantenimiento y defensa de los principios básicos de todo deporte; es necesario preservar los mismos para evitar que prevalezca frente a todos ellos, el referido interés económico", afirma la magistrada.

La jueza también desestima que haya una posición dominante de UEFA y FIFA como apuntan los promotores de la Superliga.

"No cabe inferir que del sistema y control existente se produzcan efectos anticoncurrenciales, como se pretende, sin que tampoco las demandantes hayan intentado actuar conforme los cauces establecidos", dice el auto.

La medidas cautelares levantadas por la juez impedían a FIFA y UEFA, así como a las ligas nacionales y federaciones aplicar cualquier medida encaminada a excluir de otros campeonatos a los clubes y jugadores que participaran en la Superliga.

Este proyecto de Liga semicerrada llamado a competir con la Champions fue promovido hace un año por doce clubes, de los que fueron cayéndose varios hasta quedar sólo Real Madrid, Barcelona y Juventus.

- Recurso a la justicia -

Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Atlético de Madrid, AC Milan e Inter de Milán abandonaron ese proyecto ante la oposición mostrada por aficiones, ligas, federaciones e, incluso, gobiernos.

Los clubes de la Superliga acudieron al tribunal mercantil madrileño, que, mientras decide sobre el fondo del asunto, dictó unas medidas cautelares, anuladas ahora por la juez Sofía Gil.

Esta magistrada sustituyó hace unos meses al juez Manuel Ruiz de Lara, que había dictado estas cautelares, que llevaron a la UEFA en septiembre pasado a anular los procedimientos disciplinarios en marcha contra Real Madrid, Juventus y Barcelona y las, según el juez español, "sanciones encubiertas" al resto de equipos.

La UEFA había llegado a un acuerdo con los nueve equipos que abandonaron la Superliga, imponiéndoles unas sanciones principalmente económicas.

Entre estas medidas estaba la renuncia a un 5% de sus ingresos UEFA de competición en una temporada, una donación "agregada" de 15 millones de euros (18,2 millones de dólares) para las "comunidades locales" del fútbol europeo o una multa de 100 millones de euros (121,5 millones de dólares) si algún día buscan disputar una competición "no autorizada".

P.Hernandez--AT