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La justicia británica asesta un primer revés a Cuba en el caso de la deuda impagada
La justicia británica asestó el martes un revés al Estado cubano, al considerar que CRF, al que este calificaba de "fondo buitre", adquirió legítimamente una deuda impagada del Banco Nacional de Cuba (BNC), abriendo la puerta a un juicio de consecuencias potencialmente muy graves.
El fondo de capital de riesgo CRF I Limited, mayor acreedor privado de Cuba, con sede en las británicas Islas Caimán, presentó una demanda en Londres contra el BNC y el Estado cubano por decenas de millones de dólares en deuda soberana.
Pero las autoridades de La Habana lo desconocían como acreedor, asegurando que adquirió los derechos de modo ilegítimo, recurriendo incluso al soborno de un alto cargo del BNC que no tenía autoridad para autorizar él solo el traspaso.
Desde la creación del Banco Central de Cuba en 1997, el BCN ya no representa al Estado cubano.
Sin embargo, la jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, dio el martes la razón a CRF, quien compró los derechos a su anterior propietario, el banco de inversiones chino ICBC Standard Bank, filial británica del Banco Industrial y Comercial de China.
Aunque "carecía de capacidad para consentir en nombre de Cuba" por no ejercer ya como banco central, el "BNC consintió en nombre propio" a la cesión de la deuda entre las dos entidades y por lo tanto "las deudas representadas por los acuerdos fueron válidamente cedidas por ICBC a CRF", escribió la magistrada.
"En consecuencia (...) CRF tiene derecho a basarse en las disposiciones contractuales contenidas en los mismos en cuanto a la jurisdicción del tribunal inglés", precisó.
Resolviendo esta cuestión preliminar, la magistrada se declaró "competente para juzgar las reclamaciones de deuda aquí presentadas" y podrá entrar en el fondo de la demanda en una fecha aún por determinar.
Su decisión puede sin embargo ser recurrida, augurando una larga batalla legal.
- Acusación de soborno -
"Creado para invertir en deuda soberana cubana impagada", CRF adquirió gradualmente una cartera que en noviembre de 2017 ascendía a 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares), según el expediente judicial.
Entre ellos reclama ahora unos 78 millones de dólares en préstamos contraídos por el BNC en 1984 con los bancos europeos Crédit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano.
Aunque Cuba tomó prestados el equivalente en marcos alemanes de 11,5 millones y 2,9 millones de euros respectivamente, CRF sostiene que cuando en 2019 obtuvo los derechos estos superaban 52 millones y 18 millones de euros incluyendo los intereses.
CRF propuso reestructurar esta deuda con descuento, pero el gobierno cubano lo rechazó argumentando que se trataba de un "fondo buitre", que no era el acreedor original y que ICBC no podía ceder su deuda sin el consentimiento el Estado cubano y el BNC.
Las autoridades cubanas aseguraron que CRF había sobornado al director de operaciones del BNC Raúl Eugenio Olivera Lozano, que fue sancionado penalmente, para que aprobase la cesión de forma ilegal.
Durante una semana de vistas celebradas en febrero en Londres, Olivera, que cumple 13 años en una cárcel cubana por soborno, aseguró por videoconferencia que el fondo le prometió 25.000 libras (31.000 dólares) por realizar la operación ilícita. CRF siempre lo ha negado.
"El señor Lozano firmó los documentos solo" y "el banco no tenía poder ni capacidad para actuar en nombre de Cuba", subrayó entonces la abogada británica del Estado cubano, Alison MacDonald, asegurando que el traspaso no constituyen ninguna obligación legal para el Estado.
Cuando se abra el juicio sobre el fondo de la demanda, es probable que la defensa de La Habana haga hincapié en que el Estado nunca autorizó la transacción.
Los llamados fondos buitres adquieren deuda perjudicada a precio de remate y buscan recuperarla en los tribunales con intereses.
CRF niega ser uno de ellos y afirma haber actuado "sin secretismo ni disimulo" en su adquisición de cartera. Desde 2012 "Cuba sabía que CRF estaba invirtiendo indirectamente mediante acuerdos de participación", afirmó su abogado Jawdat Khurshid.
E.Flores--AT