Arizona Tribune - Bolivia: Tormenta económica

Cuando el economista Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía asfixiada. Durante las últimas dos décadas el país mantuvo precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos y dejó en manos del Estado la explotación de hidrocarburos. Esas políticas vaciaron los cofres públicos. Las reservas internacionales, que en 2014 superaban los quince mil millones de dólares, se desplomaron a menos de dos mil millones en 2024; al asumir el poder, Paz no tenía reservas líquidas para importar combustible. La inflación superaba el 20 % y en agosto de 2025 llegó al 25,15 %, el nivel más alto en más de treinta años. La economía se contrajo 2,4 % en el primer semestre de 2025, se perdieron empleos y el poder adquisitivo se erosionó día a día.

El déficit fiscal, que un asesor de Paz estimó en más del 11 % del producto interno bruto (PIB), dejó al país sin margen de maniobra. José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del nuevo presidente, advirtió que la nación disponía de menos de mil millones de dólares, insuficientes para cubrir dos semanas de importación de combustible o el pago de la deuda externa, y que serían necesarios al menos 2 500 millones para cerrar el año. La falta de divisas obligó al Banco Central a vender su oro y a imponer controles; se instaló un mercado paralelo donde el dólar se cotizaba a más del doble del tipo oficial. Muchos ahorristas no pudieron retirar sus depósitos en moneda extranjera y se vieron obligados a aceptar bolivianos al tipo de cambio oficial, provocando un “corralito” que alimentó la desconfianza en el sistema bancario.

Para intentar estabilizar la situación, Paz viajó a Washington antes de asumir el cargo y se reunió con instituciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manifestaron su disposición a apoyar a Bolivia. Sin embargo, los préstamos deben ser aprobados por una Asamblea Legislativa fragmentada: la nueva coalición del presidente carece de mayoría propia y depende de alianzas con partidos de derecha y centro. Economistas advierten que la estabilidad política será esencial para implementar reformas impopulares como la reducción de subsidios y la flexibilización del tipo de cambio.

La emergencia energética
La segunda crisis, que agrava la primera, es el colapso del sector energético. Bolivia fue durante años un exportador de gas natural; hoy su producción se ha desplomado un 54 % en la última década. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró 2024 con pérdidas operativas de 11 700 millones de bolivianos (1 700 millones de dólares). Cada litro de gasolina y diésel que vende genera pérdidas por los subsidios, y solo el año pasado el subsidio al diésel importado costó 6 300 millones de bolivianos (914 millones de dólares). La empresa fue descrita por analistas como “prácticamente en bancarrota”.

La caída en la producción interna obligó a importar el 95 % del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume el país. A finales de octubre solo quedaba combustible para un día de diésel y tres de gasolina. Las filas en las estaciones se extendieron por kilómetros y duraban horas o incluso días. Los panaderos redujeron la producción de pan y los avicultores advirtieron sobre escasez de pollo debido a la falta de carburante. La crisis se reflejó también en las carreteras: se multiplicaron los bloqueos, se cancelaron rutas de autobuses y el transporte público funcionó a medias.

El desabastecimiento tiene otra dimensión: el contrabando. La gasolina y el diésel subsidiados son vendidos ilegalmente en Perú, Brasil y Chile, provocando pérdidas millonarias. Para combatirlo, Paz ordenó a las Fuerzas Armadas perseguir a los contrabandistas y calificó el contrabando de combustibles como un “ataque a la economía nacional”. Al mismo tiempo, anunció auditorías a YPFB y revisiones a los precios de los combustibles para hacer el sistema sostenible. Su ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca reformar el esquema de subsidios para que sean focalizados y dejen de ser un incentivo para el contrabando.

Las soluciones no llegarán rápido. El gas boliviano ya no abastece a Argentina ni a Brasil como antes; el país ha pasado de ser exportador a importador neto. El gobierno reactivó contratos con proveedores de Argentina, Chile, Paraguay y Perú para garantizar la oferta inmediata. Pero a largo plazo, Paz propone un “capitalismo inteligente de la energía”, combinando inversión privada con control estatal y exploración de nuevos campos, incluso en la Amazonía. Organizaciones indígenas y ecologistas advierten que la extracción en áreas protegidas, como los pozos Tomachi X1 y X2 en la cuenca del río Madre de Dios, pone en riesgo a comunidades como los tacanas y amenaza a miles de especies.

La fragilidad institucional
La tercera crisis es política e institucional. Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo presidente enfrenta un Parlamento sin mayoría y un sistema judicial desprestigiado. La Constitución boliviana obliga a que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, un mecanismo que ha permitido que el oficialismo de turno cooptara los tribunales y utilizara la justicia para perseguir a opositores. En 2025 el país ocupó el puesto 131 de 143 en el índice del Estado de derecho del World Justice Project, uno de los más bajos del continente.

Paz prometió convocar una “Cumbre de la Justicia” para diseñar reformas y modernizar los tribunales. Sin embargo, las divisiones políticas complican cualquier cambio. Su partido, el demócrata cristiano, obtuvo menos de un tercio de los escaños y necesita el apoyo de partidos conservadores y centristas para aprobar leyes. Algunos legisladores del MAS podrían sumarse, pero otros podrían boicotear las iniciativas. La falta de confianza en las instituciones se refleja en las calles: tras la segunda vuelta electoral, miles de manifestantes marcharon en La Paz exigiendo una auditoría del escrutinio y denunciando fraude; aunque no hubo enfrentamientos graves, la protesta evidenció el clima de polarización.

La seguridad también preocupa. Bolivia es un corredor para el narcotráfico y alberga laboratorios clandestinos; la detención de un ex viceministro por poseer un laboratorio de cocaína subrayó la penetración del crimen organizado en el Estado. Paz anunció que restablecerá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reforzará la colaboración con países vecinos para combatir las redes criminales. Sin embargo, organismos de derechos humanos recuerdan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha provocado abusos en el pasado.

¿Qué puede hacer Rodrigo Paz?
En su discurso inaugural, el presidente afirmó que Bolivia se “abrirá al mundo” y dejó atrás el aislamiento de los gobiernos anteriores. Prometió un “capitalismo para todos” que combine disciplina fiscal con programas sociales y descentralización. Para ello tendrá que equilibrar exigencias contradictorias: acabar con los subsidios que desangran al Estado sin provocar un estallido social; liberalizar el tipo de cambio sin disparar la inflación; y atraer inversión extranjera sin ceder la soberanía sobre recursos estratégicos.

Una de sus primeras medidas será reducir los subsidios al diésel para la agricultura y las empresas, mientras que las subvenciones a la gasolina para el transporte público se desmantelarán de manera gradual. También planea flexibilizar el tipo de cambio para acercarlo a la cotización del mercado paralelo. El Fondo Monetario Internacional recomienda un programa de consolidación fiscal que incluya la eliminación de la financiación monetaria del déficit, la reducción del gasto en salarios públicos y la racionalización del presupuesto. La tarea es ardua: la proyección del FMI para 2025 anticipa un crecimiento de apenas 0,6 % y una inflación de 20,8 %.

Paz también pretende revisar los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas durante el gobierno anterior. Bolivia posee unos 21 millones de toneladas de litio, lo que podría convertirla en un actor clave de la transición energética. El nuevo gobierno quiere promulgar una ley que refuerce la supervisión ambiental y aumente la participación de las comunidades locales. Además, el presidente busca estrechar relaciones con Estados Unidos y otros países de la región para atraer inversión y diversificar mercados.

En materia de justicia, su iniciativa estrella será convocar una cumbre para reestructurar la elección de jueces y garantizar su independencia. También planea fortalecer los organismos de control y transparencia para combatir la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana. La meta a largo plazo es transformar a Bolivia en un ejemplo de estabilidad centrista en la región.

Conclusión
Bolivia está al borde de la quiebra. El agotamiento de las reservas, la inflación galopante y el colapso de la industria de hidrocarburos han puesto al país al límite. La herencia de políticas estatistas y subsidios indiscriminados ha dejado a Rodrigo Paz un panorama desolador: una economía sin liquidez, una empresa petrolera casi quebrada y un Estado debilitado por la corrupción y la desconfianza. Para superar las tres crisis —económica, energética e institucional— se requiere un liderazgo capaz de tomar decisiones impopulares, dialogar con una oposición fragmentada y restaurar la credibilidad de las instituciones. Las próximas semanas y meses serán decisivas para saber si el nuevo gobierno puede evitar el colapso y encaminar a Bolivia hacia una recuperación sostenible.