Arizona Tribune - Un juez de EEUU desestima demanda de México contra fabricantes de armas

"Desgraciadamente para el gobierno de México, todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones", justificó el juez Dennis Saylor en un largo documento, en el que señaló que ese tribunal "no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso".

En su escrito, el juez señala que "aunque el Tribunal siente una considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley".

Eso lo lleva a afirmar que "se concederán las mociones de desestimación" que habían presentado los acusados.

México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en el país.

Según la cancillería mexicana, de 342.000 a 597.000 armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos; armas que terminan siendo halladas en 70 a 90% de las escenas del crimen a nivel nacional.

El gobierno mexicano asegura haber "tenido que gastar enormes fondos" para combatir los efectos "de la conducta ilícita de los demandados", entre "costos sustanciales e inusuales" de atención médica, servicios policiales y militares, administración de justicia penal, asistencia pública y otros servicios y programas públicos.

Por lo que decidió apelar la decisión del juez.

"La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país", informó la dependencia en un comunicado, luego de conocer el veredicto.

México ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas, causadas principalmente por el narcotráfico en este país de 126 millones de habitantes, azotado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

- Compartir responsabilidades -

El quid de la demanda consistía en determinar si fuera de México los fabricantes están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.

Los fabricantes alegaban que México carece de "jurisdicción personal" para sentarlos en el banquillo.

En una contrarréplica fechada el 14 de marzo, los fabricantes sostenían que la denuncia no mencionaba "a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México".

Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos "por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales" en ese país.

La demanda también alegaba que algunos fabricantes, como Colt, comercializa específicamente sus armas en formas que atraen específicamente a los cárteles criminales mexicanos.

Esta empresa vende, según el documento, "tres pistolas que destina a los compradores mexicanos: la pistola "El Jefe", la pistola "El Grito" y la pistola "Emiliano Zapata 1911", modelos que "son símbolo de estatus y codiciados por los cárteles de la droga".

La demanda de México recibió el apoyo como amicus curiae (amigos de la corte) de 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales, alegando que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con ingentes cantidades de drogas ilegales.

Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México busca poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.

B.Torres--AT