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El Congreso de Brasil aprueba la flexibilización de las licencias ambientales
El Congreso de Brasil aprobó en la madrugada de este jueves una cuestionada reforma legal que flexibiliza la concesión de licencias ambientales, mientras el país se prepara para acoger en noviembre la conferencia climática COP30.
Las nuevas reglas sobre protección ambiental crean excepciones en licencias para obras consideradas estratégicas y facilitan ciertos permisos bajo mera declaración de compromiso, entre otras medidas.
Criticado por ambientalistas y bautizado como "proyecto de la devastación", el texto recibió el apoyo de 267 diputados contra 116 en contra, tras la luz verde en mayo del Senado, y ahora será considerado para promulgación por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder izquierdista busca posicionar a Brasil como líder de la lucha global contra el cambio climático, pero a la vez impulsa un megaproyecto de exploración petrolera en un área marítima cercana a la Amazonía, que espera licencia ambiental.
El mandatario aún no se pronunció sobre estas nuevas reglas, que dividieron a su gabinete. El Ministerio de Ambiente las calificó como un "golpe mortal", mientras que la cartera de Agricultura apoyó su trámite.
El bloque oficialista se opuso al proyecto en el Congreso, votado entre gritos y reclamos de algunos diputados por la definición de madrugada y con legisladores en modalidad virtual.
Desde la oposición al gobierno, defensores del texto sostuvieron que busca "simplificar" el trámite de las licencias para favorecer el "desarrollo" de la mayor economía de América Latina.
"No hay una coma que ponga en riesgo el medio ambiente, buscamos vencer a la burocracia", aseguró el relator Zé Vitor, diputado del Partido Liberal del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.
- "Ecocidio autorizado" -
Vestida con la ropa tradicional de su pueblo indígena, la diputada Célia Xakriabá calificó el proyecto como un "ecocidio autorizado".
La red brasileña de ONG Observatorio del Clima calificó la aprobación en la Cámara baja como "el mayor retroceso ambiental legislativo desde la dictadura" (1964-1985).
Bajo la consigna "¡Veta, Lula!", Greenpeace afirmó que "el proyecto de la devastación debe ser vetado integralmente".
La ministra de Ambiente, Marina Silva, dijo el miércoles a periodistas que la reforma es un "tiro en el pie" que resulta "altamente perjudicial a los intereses ambientales, de salud pública y los intereses económicos de Brasil".
El organismo estatal de control Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) había anticipado que impugnaría la reforma legal ante la justicia por considerarla anticonstitucional.
"El licenciamiento ambiental no impidió la construcción de ninguna obra en el país", afirmó su presidente, Rodrigo Agostinho.
Este organismo debe pronunciarse todavía sobre el megaproyecto de exploración petrolera promovido por Lula cerca de la Amazonía, que espera licencia del Ibama.
La petrolera estatal Petrobras quiere iniciar perforaciones exploratorias en una zona de unos 350.000 kilómetros cuadrados en el Margen Ecuatorial, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el norte de Brasil.
Sus reservas potenciales se estiman en 10.000 millones de barriles de petróleo. Brasil alcanzó en 2023 reservas probadas de 15.900 millones de barriles.
Lula ha argumentado en defensa del proyecto que el país necesita fuentes de financiamiento para la transición energética.
Brasil acogerá en noviembre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP30, en la ciudad amazónica de Belém.
A.Moore--AT