Arizona Tribune - Un tribunal prohíbe al presidente de Costa Rica intervenir en la campaña electoral

La prohibición llega en medio de una pugna entre poderes del Estado en la democracia más estable de Centroamérica.

Chaves acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.

El presidente "tendrá prohibido realizar cualquier manifestación o acto que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos, candidaturas, precandidaturas, tendencias o movimiento político que aspire" a competir en los comicios generales, ordenó el Tribunal.

Por lo tanto, "deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que incida en la libre determinación de los votantes", dispuso el Tribunal al acoger un recurso de amparo electoral.

El recurso fue presentado el 25 de marzo por el politólogo Claudio Alpízar, quien argumentó que Chaves ha construido "una narrativa que favorece a un sector o partido específico", lo que infringe la ley y mina la confianza en el sistema electoral.

El Tribunal dictaminó que el mandatario "incurrió en actuaciones que, por su carácter reiterado y su innegable gravedad, afectaron derechos fundamentales del amparado, de manera directa, y del electorado, en forma refleja, en específico los derechos a la libertad del sufragio".

La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido.

El Tribunal reconoció en su resolución que el mandatario "violó derechos fundamentales de la ciudadanía", por lo que giró "instrucciones para que esto no vuelva a ocurrir".

Chaves, un economista conservador de 64 años, exfuncionario del Banco Mundial, no puede aspirar a la reelección, pero políticos cercanos no descartan que busque un escaño legislativo en los comicios de 2026.

Su perfil de líder populista de mano dura le favorece en los sondeos.

El mandatario ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones para realizar una serie de reformas.

Este lunes, la Fiscalía acusó a Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022.

Ahora la Corte Suprema debe decidir si pide al Congreso que les retire el fuero para llevarlos a juicio.

A.Clark--AT