Arizona Tribune - Federación de DDHH denuncia "estrategia de terror" contra activistas en El Salvador

López, una reconocida abogada de 47 años que lidera la Unidad Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal, fue detenida el 18 de mayo a pedido de la fiscalía, que la acusa de cometer "peculado" cuando fue asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, detenido en febrero.

"Lo que está sufriendo Ruth López no es un caso aislado: es una estrategia de terror destinada a silenciar a quienes se atreven a decir la verdad", afirmó en un comunicado la responsable de la oficina para las Américas en la FIDH, Jimena Reyes.

La FIDH destacó que, diez días después de su arresto, "no se han formulado cargos de manera oficial" contra López, quien también atendía el caso de unos 280 migrantes -la mayoría venezolanos- deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.

A inicios de mayo también fue apresado el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez luego de participar en una protesta de familias campesinas.

El dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, fue detenido en febrero acusado de "agrupaciones ilícitas", delito que es atribuido a miembros de pandillas.

"La arbitrariedad se convierte en la norma para silenciar las voces independientes en El Salvador", subraya el comunicado.

Cristosal, fundada por obispos anglicanos, según la Federación, es una ONG "comprometida" con la defensa de personas desplazadas, perseguidas o en situación de vulnerabilidad que está "en la mira de las autoridades", subrayó.

La FIDH advirtió que el trabajo de Cristosal es "cada vez más difícil en un país que se hunde en el autoritarismo".

Bukele, quien goza de gran popularidad en su país por su "guerra" contra las pandillas, asegura que las ONG están "manipuladas" por grupos de izquierda para atacar a su gobierno.

La FIDH calificó como una "absoluta arbitrariedad" la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro especial y les impone un impuesto del 30% a los fondos que reciban.

"Estamos presenciando una instrumentalización alarmante del derecho penal para silenciar voces críticas. Este clima de miedo es incompatible con cualquier Estado de derecho o democracia", afirmó el director de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberoch, quien también suscribe el comunicado.

A.Moore--AT