Arizona Tribune - El derecho internacional, amenazado por "ataques frontales" de Trump, denuncia Amnistía

El inicio del segundo mandato de Trump, que comenzó a finales de enero, y que cumplirá cien días esta semana, estuvo marcado por "una ola de ataques frontales contra la obligación de rendir cuentas en materia de derechos fundamentales, contra el derecho internacional y contra la ONU", acusa Callamard, que llama a la "resistencia concertada".

La nueva administración congeló la ayuda internacional estadounidense, redujo su financiación a varias organizaciones de la ONU y llevó a cabo expulsiones criticadas de detenidos hacia países de América Latina.

El informe acusa a varias potencias, como Estados Unidos, Rusia o China, de "socavar" los logros del derecho internacional.

"Fuerzas de una magnitud sin precedentes quieren acabar con el ideal de los derechos humanos, buscando destruir un sistema internacional forjado en la sangre y el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto", señala Callamard en el prólogo del informe de la oenegé.

Aunque estas "ofensivas irresponsables y punitivas" llevan años en marcha, el regreso de Trump "solo acelera" este proceso, denuncia la organización.

- "Genocidio en directo" -

Amnistía se indigna también por las millones de vidas "devastadas" debido a los conflictos en Oriente Medio, Sudán y Ucrania.

"Gobiernos poderosos han bloqueado en varias ocasiones los intentos de actuar de manera significativa para poner fin a las atrocidades', subraya.

La organización apunta en particular a los países que han impugnado las decisiones de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, tras la denuncia de Sudáfrica por "genocidio" contra los palestinos.

"Estados Unidos, Reino Unido y muchos países de la Unión Europea han apoyado públicamente las acciones de Israel en Gaza", lamenta Amnistía.

Según la ONG, el mundo está siendo testigo de "un genocidio en directo" en el territorio palestino, acusación rechazada por Israel.

En el prólogo del informe, la secretaria general destaca que "ninguna región se ha salvado de la crisis climática en 2024".

"En Sudamérica, incendios de una amplitud sin precedentes destruyeron vastas zonas de la selva amazónica y pusieron en peligro ecosistemas a escala de países enteros", afirma Callamard.

En su análisis global, en el apartado "Discriminación y violencia basada en el género", Amnistía incluye a Argentina, Chile y Puerto Rico entre los países que "introdujeron políticas, en la ley o en la práctica, que redujeron el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva".

En el capítulo de "Libertad de reunión", Amnistía destaca que "nuevas regulaciones restrictivas sobre el derecho a protestar fueron aprobadas o propuestas" en países entre los que incluye a Argentina, Nicaragua y Perú.

El análisis también incluye a Nicaragua, Paraguay y Venezuela entre los que "tomaron nuevas medidas para restringir la libertad de asociación".

En el apartado "Discriminación racial", Amnistía incluye a Bolivia entre los países que "llevaron a cabo proyectos, extractivos o de desarrollo, en tierras reclamadas por pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado".

En ese mismo capítulo, indica que en el continente americano "acciones de las fuerzas del orden tuvieron como objetivo o afectaron a personas afrodescendientes en países como Brasil, Ecuador y Estados Unidos".

- Continente americano -

Dentro de las páginas relativas al continente americano, Amnistía señala que la libertad de expresión estuvo en riesgo debido a los ataques y el acoso a la prensa, señalando a países como "Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela".

"En Colombia y México, varios de estos ataques resultaron en muertes violentas. En Argentina y El Salvador, las periodistas experimentaron violencia digital, incluido el acoso sexual", añade.

El informe señala que "una variedad de fuentes reportaron cifras alarmantes de femicidios en la región, incluyendo en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela".

"Ni Cuba ni la República Dominicana tenían legislación que considerara el femicidio como un delito específico. En Argentina, se reportó un femicidio cada 33 horas. A pesar de esto, el gobierno implementó recortes presupuestarios a las políticas dirigidas a la violencia de género", afirma el informe.

Amnistía destaca también que "miles de personas continuaron dejando sus países y trasladándose por la región, debido a la persecución, inseguridad y efectos adversos del cambio climático".

"Al final del año, más de 7,89 millones de venezolanos habían huido desde 2015, mientras que también huyeron personas de Cuba, El Salvador, y Honduras", indica.

T.Wright--AT