Arizona Tribune - La ONU pide a Perú respetar el derecho internacional tras aprobar una ley que fiscaliza las ONG

La legislación, aprobada a mediados de marzo en el Congreso, estipula "reforzar la fiscalización" de los fondos que las ONG reciben de fundaciones privadas extranjeras.

La iniciativa finalmente promulgada el lunes causó rechazo entre las ONG y diversos grupos de la sociedad civil la tacharon de inconstitucional.

"Volker Türk solicita al Gobierno peruano que respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional y que proporcione y proteja un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su papel esencial en la defensa de los derechos humanos", indica un comunicado de su despacho.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, señala en la nota que la ley "limita de manera preocupante el espacio cívico y al trabajo en favor de los derechos humanos en Perú".

"Nos preocupa profundamente que la ley restrinja significativamente el acceso a la justicia, al afectar especialmente a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza", agregó.

Según Throssell, la legislación aprobada "contiene elementos que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación, como la solicitud de requisitos administrativos desproporcionados y la necesidad de aprobación previa para los proyectos".

La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo el lunes pasado que promulgó la ley con el objetivo de impedir que ciertas ONG "sigan promoviendo el odio y la desunión entre los peruanos".

"Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema", aseguró la mandataria en el palacio de gobierno al firmar el texto.

Según ella, promoverá "la transparencia y permitirá supervisar de manera eficaz" la ejecución de los recursos no reembolsables que el país recibe a través de la cooperación internacional.

Las autoridades peruanas culpan a las oenegés de ser responsables de las denuncias que existen ante tribunales supranacionales de casos de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado.

Diversos colectivos sociales han calificado la normativa como "una ley anti-ONG" y contraria a la Constitución.

"La Ley Anti-ONG es un golpe más a la democracia y los derechos humanos en el Perú (...). Rechazamos esta norma que obstaculiza el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad", señaló, por ejemplo, Promsex, entidad que defiende derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Ch.Campbell--AT