Arizona Tribune - Batallas legales en EEUU por estudiantes propalestinos detenidos

El primer caso fue el de Mahmoud Khalil, un líder de las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia detenido a principios de marzo para ser deportado.

El presidente estadounidense acusa a este movimiento estudiantil de antisemitismo, mientras que los detractores de Trump y defensores de las libertades fundamentales consideran que las detenciones buscan amordazar la libertad de expresión.

En una corte de Newark, estado de New Jersey, los abogados del gobierno presionaron este viernes para que su caso sea transferido a un tribunal más favorable a la política antiinmigración de Trump.

Khalil, que tiene un permiso de residencia permanente, fue detenido por agentes de la policía migratoria en Nueva York, donde reside, y trasladado a Luisiana (sur) con miras a su expulsión.

Desde entonces empezó una guerra judicial, hubo más detenciones y se le revocó el visado a otros estudiantes que participaron en las protestas para denunciar la guerra de Israel en Gaza.

El Departamento de Estado ha revocado el visado de unos 300 estudiantes por las protestas, según su titular Marco Rubio.

- Detenida por agentes enmascarados -

El abogado del gobierno August Flentje defendió que el caso de Khalil "pertenece a Luisiana (sur)", visto por los defensores de los derechos humanos como un estado más proclive a las políticas antiinmigratorias de Trump.

Baher Azmy, defensor del estudiante, acusó al gobierno de "adoptar un argumento jurisdiccional que suena a represalia".

Khalil no estuvo presente en la vista, pero su esposa Noor, que está a punto de dar a luz al primer hijo de la pareja, asistió con varios simpatizantes.

Fuera del tribunal, decenas de personas se congregaron con banderas palestinas y pancartas en apoyo a Khalil. Uno de los organizadores, que no quiso dar su nombre, advirtió: "Vamos a luchar contra esta caza de brujas".

El juez debe emitir todavía una decisión.

Otra detención que generó indignación fue la de la estudiante turca Rumeysa Ozturk, quien publicó un artículo propalestino en la revista de la Universidad de Tufts, donde cursa un doctorado.

Un video divulgado en las redes sociales muestra cómo la detuvieron esta semana varios agentes de paisano, con el rostro cubierto.

"Rumeysa no ha sido acusada de cometer ningún delito (...). Parece que la única razón por la que se apunta a Rumeysa es por su derecho a la libertad de expresión", dijo su defensora, Mahsa Khanbabai.

Una jueza de Massachusetts, Denise Casper, prohibió este viernes "expulsar a (Rumeysa) Ozturk de Estados Unidos hasta nuevo aviso", mientras se examina el expediente de la estudiante, detenida también en Luisiana.

Varios profesores universitarios demandaron al gobierno de Trump el martes en Massachusetts, alegando que la campaña contra los estudiantes extranjeros es ilegal.

Una treintena de legisladores exigieron al gobierno explicaciones sobre este caso y sobre "incidentes similares en todo el país".

"El gobierno no debería detener y expulsar a los residentes legales del país sólo porque expresan sus opiniones políticas", denunciaron los parlamentarios en una carta dirigida especialmente al secretario Rubio.

- "Miedo" -

Tras estas detenciones, muchos estudiantes dicen tener "miedo".

"Nada te protege", relata una estudiante de origen latino con nacionalidad estadounidense que participó activamente en las protestas del año pasado para pedir un alto el fuego en Gaza y exigir a la Universidad de Columbia que dejara de invertir en intereses israelíes.

"Tomo precauciones, miro si alguien me está siguiendo. Antes no temía dejar la puerta abierta (sin llave) de mi departamento, ahora la cierro por si algún agente entra a revisar mis cosas...", dice a la AFP.

La Universidad de Columbia se ha convertido en un búnker: las puertas están cerradas a personas ajenas al campus, los estudiantes tienen que presentar su identificación y la presencia policial en los alrededores es numerosa.

Trump ha anunciado recortes a las ayudas federales a las universidades, que en el caso de Columbia podrían llegar a los 400 millones de dólares.

Para intentar recuperar los fondos, la institución ha aceptado cumplir las exigencias del gobierno, como permitir agentes de seguridad en el campus para detener a "agitadores", la prohibición de andar con el rostro cubierto o la revisión de su grilla de estudios regionales, en particular los relacionados con Oriente Medio e Israel.

R.Lee--AT