Arizona Tribune - El expresidente de Perú tacha de "pantomima" su juicio por rebelión

"No me puedo someter a un juicio oral donde todo puede estar predispuesto, este juicio es una pantomima", dijo Castillo al tribunal de la Corte Suprema en el primer día del esperado proceso.

El caso contra Castillo, de 55 años, un exsindicalista emergido de la izquierda radical, se desarrolla en un juzgado anexo a la prisión donde está recluido desde diciembre de 2022.

La audiencia de instalación del juicio oral duró tres horas y se suspendió hasta el jueves, dispuso el juez José Neyra presidente del tribunal.

Castillo ingresó a la sala custodiado por dos agentes penitenciarios. Vestía camisa clara y pantalón oscuro.

- "Estoy secuestrado"-

La tensión rondó la audiencia cuando el expresidente cuestionó la imparcialidad del tribunal y anunció su decisión de renunciar a la defensa de un abogado porque, dijo, está condenado de antemano.

Tras desistir de sus abogados el tribunal nombró al defensor público Edgar Callahuanca como su letrado, lo que el acusado aceptó.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Se "trata de un caso evidente de intento de golpe de Estado, que se debe sancionar con todo el rigor para que le quede claro a los aspirantes a dictador que eso tiene una sanción fuerte", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

"Nunca me levanté en armas", ha invocado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.

"Estoy secuestrado, jamás he cometido el delito de rebelión, los delitos por los que se me acusa son ilegales", dijo Castillo, una posición que sostiene desde diciembre de 2022, cuando un juez le dictó 36 meses de prisión preventiva.

Según el auto del juicio, Castillo deberá responder como "coautor" del delito de "rebelión" contra los poderes del Estado y orden constitucional.

También "como autor del delito contra la administración pública -abuso de autoridad- y del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública", señaló la Corte Suprema en un comunicado.

La fiscalía pide 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos, de acuerdo al expediente entregado al tribunal.

Además, "solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses".

- Más imputados -

Según el exgobernante (2021-2022), fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso y la fiscalía.

Junto a Castillo, también son juzgados tres exministros, un exasesor y tres oficiales de la policía.

Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, cerrar el Congreso y adelantar elecciones.

Castillo es el cuarto expresidente que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.

Le precedieron Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), quienes fueron condenados, mientras que el juicio a Ollanta Humala (2011-2016) concluye este año.

E.Rodriguez--AT