Arizona Tribune - Trump asiste a nueva audiencia de su juicio civil en Nueva York

Trump, de 77 años, habló con los periodistas al llegar a la sala del tribunal de Manhattan y atacó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó el caso de fraude civil en su contra, al magistrado que preside el juicio y al presidente demócrata Joe Biden.

"Esta es una caza de brujas por parte de una fiscal general lunática radical. Y es muy injusto", dijo Trump.

"Este es un juicio amañado", agregó el exmandatario (2017-2021), señalando que lo preside un "juez demócrata" que es de visión "muy liberal".

Trump, favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024, también afirmó, falsamente, que el juez federal que presidirá su juicio en Washington por conspirar para anular las elecciones estadounidenses de 2020 le había quitado su "derecho a hablar".

"Me han quitado la palabra. Soy un candidato que se presenta a las elecciones y no se me permite hablar" dijo.

"Todo esto es un montaje que sale del Departamento de Justicia", afirmó el magnate. "Está todo montado por Biden y sus matones de los que está rodeado para intentar colarle una victoria electoral que no tiene derecho a ganar", enfatizó.

La jueza Tanya Chutkan no le retiró el lunes a Trump su "derecho a hablar". En cambio, le ordenó que no atacara públicamente a los fiscales, al personal del tribunal o a posibles testigos antes del juicio que está previsto que comience en marzo de 2024.

El fallo de Chutkan se produjo después de que el fiscal especial Jack Smith, un blanco frecuente de Trump, presentara una moción alegando que la retórica incendiaria del magnate inmobiliario amenazaba con socavar su juicio por subversión electoral.

El juez Arthur Engoron, que supervisa el juicio por fraude civil, también impuso una orden de silencio limitada al expresidente este mes después de que insultara a un secretario judicial en una publicación en redes sociales.

Engoron prohibió a "todas las partes publicar, enviar correos electrónicos o hablar públicamente" sobre el personal de su tribunal.

- Sanciones millonarias -

Durante los tres primeros días de vistas, a las que no está obligado a comparecer, Trump no perdió ocasión de presentarse ante las cámaras como víctima de una maquinación judicial urdida por los demócratas, mientras su equipo de campaña solicitaba donativos a sus partidarios.

Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca en 2024, ya había asistido a principios de octubre a la apertura de este juicio, en el que él y dos de sus hijos, Eric y Donald Jr, están acusados de haber sobrevalorado en cientos de millones de dólares sus campos de golf, residencias y rascacielos neoyorquinos para obtener préstamos más ventajosos de los bancos.

El exmandatario se juega mucho en este juicio civil, que amenaza con costarle el control de su imperio empresarial, además de sanciones económicas de hasta 250 millones de dólares.

El regreso de Trump a la sala judicial este martes había generado previsiones de un duelo explosivo con su antiguo abogado convertido en su enemigo jurado, Michael Cohen. Pero el testimonio de Cohen fue aplazado por razones médicas.

También se espera que Trump acuda a las audiencias del miércoles y el jueves, después de dos mítines el lunes en el estado de Iowa, en una carrera para ganar las primarias republicanas, de las que es favorito en las encuestas.

En total, cuatro procesos penales esperan al republicano, entre ellos, uno al ser señalado por sus intentos de revertir los resultados de 2020, que se abrirá el 4 de marzo en un tribunal federal de Washington.

- Fraudes demostrados -

En la causa civil, la fiscal general del estado de Nueva York acusa a Trump, a sus dos hijos y a dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump de haber sobrevalorado significativamente sus propiedades durante la década de 2010, desde su tríplex en la Trump Tower hasta los edificios de Park Avenue y 40 Wall Street, todos en Nueva York.

Incluso antes de la apertura del juicio, el juez Engoron dictaminó que se había demostrado la existencia de fraude reiterado y que los activos se habían sobrevalorado entre 812 millones y 2.200 millones de dólares anuales entre 2014 y 2021.

Como consecuencia, ordenó la confiscación y liquidación de empresas que podrían llevar al desmantelamiento del imperio inmobiliario de Donald Trump, pero su aplicación fue suspendida en apelación.

T.Sanchez--AT