Arizona Tribune - Cinco años tras la disolución de ETA, España busca cerrar las heridas

"ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria": así lo afirmaba la "declaración final" leída hace cinco años por Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, y María Soledad Iparraguire, apodada Anboto, dos dirigentes históricos de la organización.

Ternera fue detenido en 2019 en Francia, después de 16 años prófugo, y Francia entregó aquel mismo año a Anboto a España, donde todavía está en prisión.

ETA "ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras" y "da por concluida toda su actividad política", agregaba el texto, leído casi siete años después de que el grupo separatista anunciara que dejaba la lucha armada el 20 de octubre de 2011.

Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que significa País Vasco y libertad, en vasco), cometió su primer asesinato en 1968 y fue responsable, entre otros, de la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, hombre fuerte del régimen franquista, en un atentado con bomba en 1973.

Durante sus cuatro décadas de violencia, especialmente marcada durante los años 1980, a la organización se le atribuyen más de 850 muertes de militares, policías o cargos locales.

- "Chantaje, dolor y muerte" -

"Su legado han sido miles de personas víctimas de su persecución, de su extorsión, chantaje, dolor y muerte", recordó este miércoles el presidente regional del País Vasco (norte), Iñigo Urkullu, integrante del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

"Su legado es una sociedad sufriente, una convivencia necesitada de ser restañada", agregó.

Cinco años después de la disolución de ETA, la justicia española sigue sus investigaciones e inculpó en julio pasado a tres de sus exdirigentes, entre ellos Anboto, por su presunta implicación en el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, un concejal municipal del Partido Popular (PP derecha), cuya muerte derivó en masivas manifestaciones contra la organización separatista en toda España.

Más de 300 de los asesinatos que se le achacan a la organización separatista siguen, sin embargo, sin resolver, para desesperación de las asociaciones de víctimas.

"Los jerarcas de ETA todavía tienen muchas responsabilidades criminales a sus espaldas sobre las que deben rendir cuentas ante la justicia", afirmó este miércoles Covite, una de esas organizaciones de víctimas.

El Parlamento Europeo, de su lado, pidió a las autoridades en un informe publicado en abril de 2022 la "continuación de un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo para los casos no resueltos" de asesinatos, que según indicaban ascienden a 379.

Este miércoles, el Partido Popular (oposición, derecha) pidió que se cumpla este informe con la presentación de una proposición de ley "sobre crímenes de ETA sin resolver" en el Parlamento español.

- Fin de la "dispersión" de presos -

Tras su llegada al poder en 2018, menos de un mes después de la disolución de ETA, el presidente de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, optó por acercar a los antiguos miembros de la organización a prisiones del País Vasco o de Navarra, cumpliendo con una reivindicación histórica de sus familiares.

El gobierno justificó el fin de esta política de "dispersión" por una voluntad de normalización, ahora que ETA ha desaparecido, pero tanto la oposición de derechas como las asociaciones de víctimas denuncian lo que consideran una concesión al partido separatista vasco EH Bildu, heredero de la vitrina política de ETA y apoyo habitual del gobierno en el Parlamento.

"Este gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas", denunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en marzo, después del traslado de los cinco últimos antiguos miembros de ETA que todavía cumplían condena lejos del País Vasco.

Y.Baker--AT