Arizona Tribune - Ecuador votó autoridades locales y sobre admitir la extradición

Sin tendencias claras, el conteo de votos sobre si se aprueba o no la entrega a otros países de ecuatorianos involucrados con delitos del crimen organizado transnacional, como el narcotráfico y la corrupción, era de 1,20% de las actas electorales cinco horas después de terminar los comicios.

El Sí a la extradición captaba un 51,53% de los sufragios y el No 48,47%, de acuerdo a los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene diez días para el escrutinio.

Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado y cuyos resultados fueron divulgados por varios medios tras concluir la votación, arrojó un 66% a favor del Sí. La extradición está prohibida en el país desde hace ocho décadas.

"El procesamiento de resultados avanza paulatinamente", dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en una alocución por radio y televisión entrada la noche.

La elección de alcaldes y prefectos (gobernadores) provinciales también está en suspenso.

El presidente Guillermo Lasso, que convocó al referendo, suspendió una declaración prevista el domingo en la noche debido a la falta de datos.

"No les puedo dar una hora todavía (...) necesitamos conocer estos resultados de parte de las autoridades electorales", manifestó el secretario de Comunicación de la presidencia, Andrés Seminario.

El 80,74% de los 13,4 millones de habilitados para votar participó en la jornada, según las autoridades electorales.

- Candidatos asesinados -

Los ecuatorianos también votaron por unas 5.700 autoridades locales, incluidos concejales municipales y rurales, que asumirán en mayo para cuatro años.

La jornada fue una prueba para Lasso, un exbanquero de derecha en el poder desde 2021 y cuya impopularidad ha alcanzado un 80%. La votación se dio en un contexto de creciente violencia.

El sábado fue asesinado el candidato Omar Menéndez, de 41 años y quien se postuló para la alcaldía de Puerto López (oeste) por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017, que vive en Bélgica).

Hace quince días, Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas (suroeste), también murió a tiros.

El gobierno, el Consejo Nacional Electora y organismos internacionales condenaron el reciente asesinato. "En la democracia no cabe la violencia política", declaró l líder de la misión de observadores de la OEA, Juan Pablo Corlazzoli.

Lasso convocó en noviembre al referendo sobre diversos temas de seguridad, política y medioambiente, para "fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad", según dijo tras sufragar.

El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades.

"El país está marcado por la inseguridad y esto es por las mafias criminales que se desarrollan en el país", manifestó a la AFP Jorge Cevallos, un abogado de 63 años que votó en Quito.

- Desigualdad y pobreza -

El objetivo no declarado del gobierno es la extradición a Estados Unidos de narcos, donde suelen permanecer presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.

Al tiempo que ha crecido el narcotráfico en Ecuador aumentó la violencia. Las cárceles son escenarios recurrentes de masacres entre bandas de presos, que dejan más de 400 muertos desde 2021.

Y en un país de 18,2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.

"El gobierno ha tratado de posicionar dos cuestiones fundamentales (...) Uno es la inseguridad con la pregunta sobre extradición y segundo la reducción del número de asambleístas (ahora de 137)", dijo a la AFP el politólogo Santiago Cahuasquí, de la Universidad Internacional Sek.

El referendo también abordó iniciativas como el control a movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico, la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal, y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.

El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados con más del 50%.

Cahuasquí señaló que la consulta se da en un "escenario desfavorable" para Lasso.

"Es un contexto político de frágil gobernabilidad, es un contexto económico marcado por la desigualdad y la pobreza, y es un contexto social marcado por la inseguridad por la presencia del crimen organizado", dijo.

T.Wright--AT