Arizona Tribune - Birmania cuestiona la competencia de la CIJ en el caso de los rohinyás

La delegación birmana, que reemplaza a la exdirigente civil Aung San Suu Kyi ante la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, estima que la demanda, interpuesta por Gambia en nombre de la Organización de la cooperación islámica (OCI), no es admisible.

"Birmania no busca socavar el funcionamiento judicial de la Corte, al contrario" pretende que se respete el curso correcto de la justicia, declaró ante los jueces Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación internacional, que se desplazó a La Haya, donde tiene su sede esta Corte.

La CIJ fue creada tras la Segunda Guerra mundial para dirimir diferendos entre Estados miembros de la ONU.

"Birmania sostiene que la Corte no es competente y que la demanda no es admisible ya que el verdadero demandante en este caso es la Organización de la cooperación islámica" (OCI), declaró Christopher Staker, abogado de la delegación birmana.

"Solo los Estados tienen la potestad de presentarse ante la Corte", y "la OCI es una organización internacional, no un Estado", alegó Staker.

- Huir de la represión -

Unos 850.000 rohinyás viven en campamentos improvisados en Bangladés, tras huir en 2017 de una represión militar sangrienta en su país, de mayoría budista. Otros 600.000 permanecen en el Estado de Rakáin (suroeste de Birmania).

Gambia, país musulmán que presentó el caso en nombre de la Organización de la conferencia islámica (57 países), acusa al poder birmano de violar con esta represión la Convención de Naciones Unidas sobre el genocidio de 1948.

Gambia presentará su argumentación el miércoles. Las decisiones de la CIJ deben cumplirse, pero esta corte no tiene ningún medio real para hacerlos aplicar.

Suu Kyi, actualmente prisionera de la junta militar, había presentado los argumentos de Birmania ante CIJ, a fines de 2019 en La Haya (Holanda), cuando el caso fue abordado por primera vez.

Pero después fue derrocada y detenida por los autores del golpe de estado militar del 1 de febrero de 2021.

La laureada del premio Nobel de la Paz, que fue criticada por las ONG de defensa de los derechos humanos por su implicación en la persecución de los rohinyás, cumple prisión domiciliaria por orden de los generales que ella defendió en La Haya.

- Gobierno clandestino -

Antes de la audiencia del lunes, el "gobierno de unidad nacional" birmano, fundado por parlamentarios que ingresaron a la clandestinidad y que es dominado por partidarios de Suu Kyi, señaló que éste organismo y no la junta es "el representante apropiado de Birmania ante la CIJ en este caso".

Rechaza además las "objeciones preliminares" de la junta, al considerar que las audiencias relativas a este caso deben ser anuladas y que la Corte debe pasar rápidamente al estudio de fondo.

Este "gobierno de unidad nacional" no es sin embargo reconocido por ningún gobierno extranjero y es considerado por la junta militar como "terrorista".

El caso del presunto genocidio sobre el que debe pronunciarse la CIJ fue complicado por el golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi, que desencadenó manifestaciones masivas y causó una sangrienta represión, con más de 1.500 civiles muertos según un observatorio local.

Suu Kyi debe ser a su vez juzgada en su país por varios delitos que podrían valerle más de 150 años de prisión.

S.Jackson--AT