Arizona Tribune - El Senado español aprueba definitivamente la polémica reforma del Código Penal

El texto tuvo que votarse sin las disposiciones que habían sido añadidas para permitir la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, y que acabó desatando una aguda crisis entre el gobierno de izquierda y la oposición conservadora en los últimos días.

La reforma del Código Penal -apoyada por 140 senadores de los 261 que participaron en la votación- suprime el delito de "sedición" y lo sustituye por otro con penas más suaves. La modificación reduce, además, el castigo previsto para la malversación de fondos, en caso de que no haya ánimo de lucro personal.

Los nueve dirigentes independentistas condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por su implicación en el intento de secesión de Cataluña fueron culpados de un delito de sedición. Algunos de ellos, que ocupaban cargos del gobierno regional, también fueron condenados por malversación.

Desde su llegada a la presidencia del gobierno en 2018, el socialista Pedro Sánchez convirtió la disminución de las tensiones en Cataluña en una de sus grandes prioridades. Retomó el diálogo con un sector de los independentistas -que ahora gobierna la región- , e indultó a los nueve separatistas condenados.

Con esta reforma, los líderes secesionistas que se fugaron al extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont, podrán beneficiarse de penas más suaves en caso de que lleguen a ser juzgados en España. La reforma beneficiará igualmente a los cargos de la administración regional que aún enfrentan procesos judiciales.

La reforma recibió fuertes críticas del Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, que denuncia la creación de "un Código Penal a la carta de los condenados", pero también de un sector de los propios socialistas, que consideran que el ejecutivo está cediendo a las exigencias de los independentistas.

Además, los partidos de la coalición de gobierno acabaron añadiendo otra disposición muy controvertida, destinada a permitir la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, al proyecto de ley aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Estas enmiendas, sin embargo, debieron ser retiradas del texto que iban a votar los senadores después de que el Tribunal Constitucional decidiera paralizar su tramitación al aceptar un recurso de amparo planteado por el PP, abriendo una crisis institucional inédita en el país.

El gobierno acusa al Partido Popular y a la mayoría conservadora del Tribunal de querer impedir que se forme una mayoría progresista en este órgano que es el máximo intérprete de la Constitución en España.

W.Moreno--AT