Arizona Tribune - El presidente de Perú nombra Primera Ministra y gabinete en medio de la crisis con el Congreso

Chávez y los 18 ministros conforman el quinto gabinete -remozado parcialmente- que nombra Castillo en casi 16 meses de gobierno, en los cuales el mandatario izquierdista ha enfrentado dos intentos de destitución desde el Parlamento y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía por presunta corrupción.

"Por el respeto al estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro", dijo Chávez ante Castillo, en alusión al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo dominado por la oposición de derecha.

Chávez, abogada de 33 años de edad, es parlamentaria del bloque de izquierda y está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía peruana, "por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado" por la supuesta contratación de allegadas en cargos públicos.

Deberá acudir al Congreso en un plazo de 30 días para solicitar un voto de confianza y asumir formalmente el cargo.

En el gabinete nombrado figuran doce ministros ratificados en sus cargos, incluyendo carteras claves como César Landa en Relaciones Exteriores, Willy Huerta en Interior, Daniel Barragán en Defensa o Kurt Burneo en Economía.

Todos juraron la noche de este viernes en una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno en Lima, excepto por Burneo, quien lo hizo de forma remota a través de una videoconferencia al estar en aislamiento por haber dado positivo al covid-19.

La vicepresidenta Dina Boluarte, quien había sido ministra de Desarrollo Social desde el inicio del gobierno de Castillo, había anunciado más temprano que dejaría el despacho ministerial.

"He tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial (...) no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", dijo Boluarte en un mensaje en Twitter este viernes.

La salida del antiguo jefe de gabinete, Aníbal Torres, ocurrió este jueves después de que el presidente del Congreso, José Williams, comunicó que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.

Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre un referendo, que permitiera una consulta popular sin pasar por el filtro del propio Parlamento.

Pero el Legislativo arguyó que Torres trataba "materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", según la ley.

Castillo quiere promover un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.

- El fantasma del golpe de Estado -

El meollo de la crisis peruana radica en la facultad que tiene el Ejecutivo para disolver el Congreso si éste niega dos veces el voto de confianza a un jefe de gabinete, mientras que el Legislativo tiene el poder de destituir a un presidente alegando "incapacidad moral".

"El presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo", manifestó a la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un vocero del gobierno que fue ratificado en su cargo.

Esta aclaración abre las puertas a una interpretación para disolver legalmente el Congreso, pese a que esta institución ha dicho que no le ha negado la confianza a Torres sino que su pedido era rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno.

Pero el propio jefe del Congreso respondió este viernes a Castillo.

"El presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso, hacerlo conllevaría una disolución inconstitucional del Congreso" advirtió el jefe del Legislativo, José Williams.

Además el Parlamento trata de subir su apuesta contra el Ejecutivo y anunció para el sábado una votación para intentar recursos legales "contra el poder Ejecutivo, por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la Constitución".

Si el nuevo gabinete, formado con Chávez a la cabeza, no recibe la confianza del Congreso, el gobierno considera que está habilitado para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas.

"Si Castillo interpretara este y cualquier rechazo legislativo futuro como negativa de confianza para cerrar el Congreso, los legisladores probablemente se apresuren a destituirlo primero, posiblemente a través de una acusación constitucional", considera la consultora de riesgo político Eurasia, en una nota de análisis.

- La OEA en acción -

Una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la crisis, que registró un nuevo trámite en el Congreso para evaluar una imputación de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.

M.Robinson--AT