Arizona Tribune - Una ONG denuncia el uso del sistema judicial para la "persecución" de activistas en Guatemala

La fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por creerla "corrupta" y "antidemocrática", ha abierto investigaciones a casi un centenar de exfiscales anticorrupción, jueces, líderes comunitarios, periodistas y activistas sociales, en los últimos cinco años.

En su informe, Cristosal denuncia "el abuso sistemático" de mecanismos para "perseguir, criminalizar y silenciar" a defensores de derechos humanos, promotores de justicia o periodistas.

La oenegé señaló que los "patrones de persecución" inician con "campañas de desprestigio, acoso digital y hostigamiento judicial" que "responden a una estrategia más amplia para aislar y neutralizar su labor".

Cristosal identificó que el "acoso" proviene de cuentas anónimas en la red social X y la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, cuyo representante -también sancionado por Washington- ha expresado su apoyo a la fiscal general y actúa como querellante en varios procesos.

La oenegé señaló que los casos escalan a "denuncias penales" en su mayoría "sin sustento" o "infundadas", y hay "manipulación" de procesos judiciales", en los que se usan "pruebas ilegales o fabricadas".

"Este patrón se caracteriza por la instrumentalización del sistema penal como herramienta represiva", agregó Cristosal.

La organización basó su reporte en monitoreo de medios, análisis académicos y entrevistas -en 2024- a más de un centenar de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y otros sectores "criminalizados".

De acuerdo con Cristosal, los entrevistados señalaron que la persecución fue intensa durante el gobierno de Jimmy Morales, quien nombró en 2018 a Porras en el cargo, y de Alejandro Giammattei, quien extendió el nombramiento en 2022.

Siete organizaciones, entre ellas Cristosal y grupos indígenas guatemaltecos, lanzaron junto al informe la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política para "documentar, denunciar y acompañar" a los activistas sometidos a procesos judiciales o que están en el exilio.

"Hay instituciones que dejaron de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción", alertaron.

Por los casos de la fiscalía y otras acciones en el gobierno de Giammattei, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en 2022 en la lista de países con graves violaciones de derechos humanos, en la que también figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Guatemala salió de esa lista negra en mayo pasado por la apertura del presidente Bernardo Arévalo, en el poder desde enero de 2024, a ser evaluado por la CIDH. Porras defiende sus investigaciones al señalar que "la ley" es para "todos".

Ch.Campbell--AT