Arizona Tribune - El estado de Rio de Janeiro veta una polémica medida de bono a policías por matar a sospechosos

La medida, aprobada en septiembre en el parlamento estadual, preveía bonos de hasta 150% del salario a policías civiles por "neutralizar" sospechosos o confiscar armas de alto calibre.

Tras su aprobación, organizaciones de madres de víctimas de violencia policial protestaron ante el Palacio de Guanabara, sede del gobierno de Rio, para rechazar el llamado "bono del Lejano Oeste".

Una de ellas fue Priscila Menezes, cuyo hijo Thiago murió a los 13 años baleado por policías militares en 2023 mientras circulaba en moto por Cidade de Deus, la favela inmortalizada en la premiada película homónima.

Los informes policiales presentaron al menor como delincuente armado, pero investigaciones posteriores revelaron que los agentes habrían plantado el arma para simular un enfrentamiento.

"Mi hijo fue muerto gratis. Esos policías no recibieron dinero para matar a mi hijo y lo mataron igual. Imagínate si empiezan a recibir dinero por eso", dijo a la AFP Menezes, de 35 años, vestida con una camiseta con el rostro sonriente de Thiago.

"Sería un verdadero 'lejano oeste', pero solo en las favelas".

En Rio son frecuentes las operaciones policiales con mano dura en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

El veto llegó tras advertencias del Ministerio Público sobre la inconstitucionalidad de la propuesta y su violación de compromisos internacionales de Brasil en derechos civiles.

El organismo señaló que no existe evidencia de que esta medida mejore la seguridad pública y, al contrario, incentiva el uso excesivo de la fuerza.

Una ley similar estuvo vigente en Rio entre 1995 y 1998, período en que las muertes en intervenciones policiales se duplicaron.

Estudios revelaron que el 65% de las víctimas presentaban disparos por la espalda, evidenciando irregularidades graves, según Human Rights Watch (HRW).

César Muñoz, director de HRW en Brasil, calificó la propuesta de "peligrosísima e inaudita".

En 2024, unas 700 personas murieron durante operaciones policiales en Rio de Janeiro, casi dos por día. El 86% de las víctimas eran negras.

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

Consultada por la AFP, la oficina del gobernador Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, dijo que la bonificación "crea nuevos gastos" y alegó motivos de "responsabilidad fiscal" para vetarla.

La Asamblea Legislativa aún puede intentar anular el veto del gobernador mediante una nueva votación.

A.O.Scott--AT