Arizona Tribune - Colombia se prepara para la posible pérdida de la certificación en la lucha antidrogas por parte de EEUU

La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

"Estamos trabajando hasta el último momento. La decisión aún no se ha tomado (...) y queríamos reiterar y reafirmar una vez más el mensaje que hemos dado a lo largo de todo este año. Lo hacemos por convicción", explicó a la prensa la semana pasada el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña Jaramillo.

A Washington se desplazaron el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, para reuniones que se prolongaron toda la semana pasada.

La descertificación de Washington golpearía la cooperación para que la fuerza pública de Colombia combata a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Pero esta medida puede tomar aspectos diferentes, en función del inquilino de la Casa Blanca, recordó el embajador colombiano.

"En el caso hipotético de la eventual desertificación, tampoco es claro cuál puede ser, porque la ley lo que establece es un menú de posibilidades" a disposición del presidente, ya sea en materia militar, de cooperación internacional u otros aspectos, explicó.

- El caso Samper -

Colombia fue descertificada una primera vez en 1996.

En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada.

Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia.

Desde que llegó al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína.

Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU.

Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.

El aumento en la capacidad de los cárteles para producir cocaína en Colombia coincide con la peor crisis de seguridad en el país desde la desmovilización del grueso de las FARC.

Guerrilleros que también se financian de la minería ilegal realizan constantes ataques y atentados con explosivos contra la fuerza pública y la población civil.

El gobierno asegura que se trata de actos desesperados ante los operativos contra estos carteles para decomisarles cocaína y arrebatarles a la fuerza los territorios que dominan.

Días antes de conocer la decisión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró a la AFP que con la descertificación "ganan los ilegales" y "pierden las naciones".

Para el presidente Petro, el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, que desembocó hace dos semanas en la destrucción de una lancha supuestamente de narcotraficantes, es una afrenta.

Once presuntos narcotraficantes murieron durante ese ataque.

"La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional", dijo Petro.

P.Hernandez--AT