Arizona Tribune - La amnistía a los independentistas catalanes frena el paso al llegar a los juzgados

La ley da dos meses a los tribunales para que adopten "con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley", decisiones que no serían revocadas en caso de que la ley fuera objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español o a la justicia europea.

La idea, por ejemplo, era que empezaran a anularse órdenes de detención, y que estas anulaciones se mantengan mientras las instancias superiores resuelven recursos, algo que puede llevar meses o años.

Pero con más de 400 personas encausadas o condenadas por diversos delitos por la tentativa de independencia de 2017 y los hechos -anteriores o posteriores- relacionados con ella, se espera que el borrón y cuenta nueva sea laborioso en los tribunales, que han de decidir caso por caso.

La amnistía es el precio que pagó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para ser reelegido en noviembre, gracias al apoyo de los 14 diputados de los dos partidos independentistas catalanes.

Esta situación fue una consecuencia de los resultados de las elecciones anticipadas del 23 de julio, que el Partido Popular (conservador) ganó, pero sin conseguir el apoyo de otros partidos para sumar mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados.

- "Amos del Derecho" -

La gestación de la ley fue relativamente rápida -la legislatura empezó en noviembre y la ley estaba aprobada en mayo-, pero la justicia no es una instancia de paso cualquiera.

"Gobernantes y legisladores son los amos de la ley, pero los juristas somos los amos del Derecho", recordaba a este propósito Alfons López Tena, jurista y exdiputado independentista del Parlamento catalán, en un artículo publicado en el medio digital ConfiLegal.

En el artículo, López Tena sostiene incluso que si un juez "entiende que la ley, o alguna de sus normas, vulnera la legislación europea, puede por su sola autoridad inaplicar la norma, sin necesidad de entablar recurso ni cuestión prejudicial alguna".

La más relevante de las personas potencialmente beneficiadas por la medida de gracia es Carles Puigdemont, presidente del Ejecutivo regional catalán en los hechos de 2017 y que vive desde entonces entre Bélgica y Francia, eludiendo a la justicia española.

Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención en España, había expresado su confianza en que la amnistía le permitiría volver después de siete años, y hacerlo pronto, pero no ha habido cambios en su situación ante unos tribunales españoles que le investigan por malversación, desobediencia y por su papel en la ola de altercados y protestas de 2019 en las calles catalanas.

- Caso a caso -

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ostenta la jefatura del ministerio público, es partidario de que la amnistía perdone todos los delitos, incluido el de malversación, pero los cuatro fiscales que debían ejercer la acusación contra Puigdemont por este asunto se oponían.

Al final, la cúpula de la fiscalía decidió el martes, por 19 votos a favor y 17 en contra, apoyar la tesis de García Ortiz y así unificar posiciones.

De momento, los jueces tomaron unas pocas medidas: suspendieron algunas comparecencias, resolvieron en algún caso que las órdenes de detención siguen vigentes, y solicitaron a las partes que digan si la norma es aplicable a los encausados.

En respuesta a esto último, no hubo sorpresas, y tanto los encausados como la fiscalía remitieron escritos a los jueces asegurando que la amnistía es plenamente aplicable, incluso en el de presunto terrorismo o en el de las supuestas relaciones del independentismo catalán con Rusia.

Pero son los jueces los que tendrán la última palabra, porque la ley "de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", como se llama oficialmente, prevé que "los jueces y tribunales" decidan "su aplicación a cada caso concreto".

Los independentistas catalanes consideran injustificada la tardanza, y muestran impaciencia.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, mandó un escrito al tribunal que fiscaliza las cuentas públicas - el Tribunal de Cuentas - para pedirle que, "sin más dilaciones, ni aventuras jurídicas", anule el proceso contra Puigdemont por el dinero que presuntamente le costó la tentativa independentista al erario.

N.Mitchell--AT