Arizona Tribune - El gobierno español busca enmendar la ley que ha liberado a agresores sexuales

La polémica estalló en noviembre, seis semanas después de que entrara en vigencia la conocida como "ley del solo sí es sí", para considerar toda actividad sexual sin consentimiento explícito como una agresión, en respuesta al sonado caso de la violación grupal de "La Manada" a una joven en 2016.

"Estamos trabajando técnicamente [para] hacer algún retoque a esta norma, que es una ley de la que nos sentimos orgullosos, pero que efectivamente tiene algunos efectos que no deseábamos y que vamos a tratar de evitar con esos ajustes", señaló a la radio pública RNE la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.

La nueva ley endureció el arsenal jurídico contra las violaciones eliminando los "abusos", más leves, e integrando todos los delitos sexuales en la categoría de "agresiones".

Pero la normativa redujo las penas mínimas y máximas para algunos casos, lo que llevó a muchos condenados a pedir una revisión de la sentencia, toda vez que en España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si benefician al reo.

Desde entonces, unos 20 condenados han sido excarcelados y otros 300 han recibido rebajas en sus condenas, según medios españoles.

Las declaraciones de Rodríguez confirmaron reportes de prensa sobre el deseo del gobierno del socialista Pedro Sánchez de hacer las modificaciones, lo que disparó la tensión con el socio minoritario en la coalición en el poder, la extrema izquierda de Podemos, que abanderó la ley.

La principal formación de oposición, el Partido Popular (PP, derecha), inflamó la polémica al ofrecer a los socialistas apoyo parlamentario para modificar la ley sin tener que contar con Podemos.

Pero Irene Montero, ministra de Igualdad de Podemos, rechazó cualquier posibilidad de retroceder y prometió hacer "todo lo necesario" para garantizar que el consentimiento sigue estando en el núcleo de la normativa.

"Vamos a proteger el corazón de la 'ley del solo sí es sí'" y dejar "el consentimiento en el centro", lanzó Montero el domingo en un evento de su partido.

"Haremos lo que sea necesario para (...) proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos, como el Partido Popular, que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años", dijo Montero.

Hasta la entrada en vigor de la ley, las víctimas de violación debían probar que habían sido sometidas a violencia o intimidación, ya que sin esas condiciones el delito era considerado abuso y no agresión sexual, con penas más leves.

F.Wilson--AT